¿Acaso, entonces, Zaldívar cedió su autonomía en la narrativa de las instituciones que representa, a cambio de mantener el control de dirección del proceso de reforma judicial? Es posible. Pero lo importante ahora es desmenuzar esta iniciativa que plantea cambios a siete artículos constitucionales, propone la expedición de dos nuevas leyes federales, así como reformas a cinco ordenamientos. Ofrecemos a continuación un primer análisis de diversos aspectos de la iniciativa en cuestión.

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La Secretaría de Gobernación solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 22 de enero, le entregara los datos biométricos de más de 90 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El INE se negó, como lo había hecho ante solicitudes similares de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En su conferencia de prensa matutina, del lunes 27, el presidente López Obrador señaló que obtener los datos del padrón, para el gobierno, “no es asunto prioritario” y que lo plantearán “en otro momento”. Sin embargo, es un tema sensible que merece una revisión detenida.

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El proyecto de reforma constitucional para reestructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación, recién presentando por Morena en el Senado y, el coordinador de éste grupo, Ricardo Monreal, fue el detonante para que la Junta de Coordinación Política del Senado convocara, el pasado 21 de octubre de 2019, entre otros, a los ministros de la SCJN, jueces, magistrados del PJF y al Consejero Jurídico del presidencia de la República para dar inicio formal al diálogo institucional encaminado a una reforma al PJF.

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No obstante, el regocijo con que se ha cubierto el tema en medios, considero que el asunto concreto de la Ley Bonilla (en cuanto al fondo) no ha sido zanjado por ningún tribunal, pues, como hemos visto, la SCJN ha dicho que aún no es tiempo de impugnar la constitucionalidad de dicha ley pues la reforma aprobada por la legislatura local que amplía el periodo del mandato no se ha publicado todavía.

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“Somos un Poder Judicial que tiene que estar integrado por juezas y por jueces, por juristas que entiendan el dolor de la gente, por juristas que entiendan el sufrimiento de la corrupción de la gente y por juristas que entiendan que tenemos el alto compromiso de cambiar para bien este país que está harto de corrupción, de privilegios y de impunidad”, declaró hace algunos días el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La decisión del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso no es trivial. Es quizá uno de los pocos actos que realmente empatan con el ideario de izquierda que este gobierno dice enarbolar. No me centraré en los méritos o deficiencias técnicas de la ley, porque otros ya lo han hecho. Lo que quiero resaltar es lo que hay detrás de una ley de este calado.

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Estado

Dada la relación tan íntima existente entre el pueblo y las instituciones, resulta sano que haya momentos en los que nos preguntemos si el gobierno está funcionando y va a la par de lo que necesita el pueblo, aunque el apostar a priori por la supresión de todo lo que le parezca lejano a este conglomerado humano puede no ser positivo. Se requiere de análisis profundos y detenidos sobre la pertinencia de la subsistencia de estas instituciones, apostando por su subsistencia y mejoría.

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Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.

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