La Secretaría de Gobernación solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 22 de enero, le entregara los datos biométricos de más de 90 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El INE se negó, como lo había hecho ante solicitudes similares de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En su conferencia de prensa matutina, del lunes 27, el presidente López Obrador señaló que obtener los datos del padrón, para el gobierno, “no es asunto prioritario” y que lo plantearán “en otro momento”. Sin embargo, es un tema sensible que merece una revisión detenida.

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No obstante, el regocijo con que se ha cubierto el tema en medios, considero que el asunto concreto de la Ley Bonilla (en cuanto al fondo) no ha sido zanjado por ningún tribunal, pues, como hemos visto, la SCJN ha dicho que aún no es tiempo de impugnar la constitucionalidad de dicha ley pues la reforma aprobada por la legislatura local que amplía el periodo del mandato no se ha publicado todavía.

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El 21 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California aprobó un acuerdo por el que se conforma una comisión especial en el Congreso, con el objeto de llevar a cabo una consulta ciudadana para que se conozca el sentir de los bajacalifornianos respecto de la ampliación de mandato del gobernador actual de 2 a 5 años.

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A simple vista, esta iniciativa podría malinterpretarse como una medida legislativa tendiente a transgredir la independencia judicial del TEPJF; sin embargo, como se explicará más adelante, la iniciativa pretende enmendar de una vez por todas la arbitrariedad cometida a finales del año 2016 por el Congreso federal -posteriormente, respaldada por una mayoría en el Pleno de la Suprema Corte- consistente en prolongar indebidamente el cargo de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior, lo que dañó severamente la independencia judicial y la legitimidad del máximo tribunal electoral de nuestro país.

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Los mensajes contenidos en discursos de los servidores públicos denunciados, al llevar a cabo sus funciones, refieren a logros de Andrés Manuel López Obrador, habilidades y capacidades de su persona. La difusión de toda la propaganda ha sido amplia, pues, ha comprendido diversos medios, tales como la indumentaria y aditamentos que portan diversos servidores públicos del gobierno de México, para desempeñar sus funciones de levantamiento de censos o entrega de programas sociales, en los discursos emitidos por dichos servidores al momento de llevar a cabo sus funciones y en diversas publicaciones realizadas a través de Internet

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Podemos afirmar que el corrimiento de una fórmula matemática no tiene porqué dejar espacio a la interpretación, incluso, la fórmula electoral tendría que ser lo suficientemente clara para que cualquier ciudadano que quisiera correr el ejercicio pueda hacerlo. Al correr estas fórmulas, no enfrentamos estimaciones estadísticas sino sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, por lo que, entre más transparente sean las asignaciones de los cargos de representación política, menores recursos se invertirán en resolver impugnaciones y nuestra democracia podría ser crecientemente de mejor calidad.

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La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta por la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional.

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Aunque esos criterios se basan en normas fundamentales, y tenían el objetivo de proteger derechos humanos, tuvo como resultado que se modificara una de las reglas principales sobre un presupuesto procesal, que en la práctica generaba problemas en su aplicación, al grado de que no era previsible, ni para las partes ni para los propios jueces y tribunales obligados, saber cuándo una demanda que involucraba los derechos de las comunidades y pueblos indígenas estaba en tiempo.

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