Mediante un acuerdo general reciente (el 2/2014)[1], el pleno de la Suprema Corte decidió suspender la resolución de todos los juicios de amparo pendientes de sentencia en Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados promovidos en contra de ciertos artículos contenidos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo vigente desde diciembre de 2012, hasta en tanto la propia Corte establezca los criterios que se deben seguir al respecto. Lo cual sucederá cuando resuelva los 53 amparos en revisión que al 23 de enero se encuentran ya en dicha sede, y donde uno de los tópicos clave a resolver dentro de todos ellos es el relativo a los salarios caídos.

Los salarios caídos o vencidos son aquellos que un trabajador despedido tiene derecho a recibir a partir de su injustificado cese. Hasta antes de la reforma, esos salarios eran ilimitados y el patrón debía cubrirlos hasta el momento en que cumpliera la condena que le fuera impuesta en un laudo o hasta que reinstalara al empleado despedido en su puesto. Por este concepto los juicios laborales podían desembocar en condenas millonarias: los usualmente longevos procedimientos tenían un poderoso incentivo para trabajadores y sus abogados pues en caso de obtenerse una sentencia condenatoria, ésta iba habitualmente aparejada con los mismos años que se hubiese tardado el trámite en sueldos por pagar. En el contexto internacional, esta espada de Damocles que pendía sobre cualquier patrón demandado era una rareza.

salarios1La reforma puso un tope a esta prestación. Ahora, el máximo que se puede generar por ese concepto es de un año, tras lo cual sólo se podrían actualizar algunos intereses (2% sobre el importe de 15 meses de salario). El argumento toral con el que se combate este límite en los amparos interpuestos es que representaría una vulneración al principio de estabilidad en el empleo pues aun y cuando se obtuviera un laudo condenatorio que obligara al patrón a reinstalar a un trabajador, esa orden no representaría un respeto a los derechos del cesado considerando que, a pesar de lo que dice la ley, ningún juicio laboral es resuelto en menos de un año.

Es casi seguro que la Corte avale este tope pues ya lo ha hecho recientemente al abordar lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que regula las relaciones laborales del Estado y los Municipios con sus empleados. Hasta antes de la reforma, la propia Segunda Sala en una tesis aislada del 2009[2] había considerado que el monto máximo de seis meses por el concepto de salarios caídos previsto en la legislación morelense contravenía lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. Sin embargo, sin haberse modificado ninguna de las normas analizadas en su anterior decisión, en mayo de 2013, la Segunda Sala cambió su criterio estableciendo ahora que ese límite “no es violatorio de derechos humanos”, y considerando ahora la misma hipótesis jurídica como “razonable y proporcional”[3].

El mismo criterio se reiteró en enero de este año, inclusive en el caso de la existencia de una condena reinstalatoria [4]. Curiosamente, el enfoque invocado para avalar la reducción de los derechos laborales de los burócratas morelenses antes reputada como inconstitucional fue precisamente el de los derechos humanos. Al parecer, para lo ministros de la Corte, hay que estar a tono con los tiempos, al menos nominalmente.

En principio la función de un juzgador no tendría que limitarse al estudio abstracto de una norma,pero ello no obsta para que esta Sala afirme: “si conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse en un término máximo de 6 meses, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo”[5].

Lo cierto, sin embargo, es que en la práctica quien alcance a desahogar su primera audiencia dentro de esos seis meses puede considerarse “afortunado”. Al parecer, la “racionalidad y proporcionalidad” que la Corte encuentra para justificar su viraje interpretativo tiene su apoyo en el hecho de que, de conformidad con la ley, el juicio debiera concluir en seis meses. Este término jamás se observa y, por el contrario, es común que los tribunales del trabajo (ya sean Juntas de Conciliación y Arbitraje o Tribunales burocráticos) operen bajo la divisa de respaldar las decisiones de toda clase de autoridades en su faceta patronal en procedimientos sumamente prolongados.

La sensatez jurídica a que alude la Corte solo existe en el papel: al momento de hacer valer los derechos laborales la racionalidad y la proporcionalidad son más bien eufemismos de un auténtico calvario procesal. Cierto: mantener unos salarios caídos ilimitados no parecía ya una medida justa. Lo que preocupa es que nunca se ponderen otros elementos de la ecuación igual o mayormente lesivos de los derechos de trabajadores y patrones por igual: el pésimo desempeño de nuestros órganos jurisdiccionales parece pesar poco a la hora de evaluar nuestra justicia laboral. El problema, como casi siempre, no es la norma sino la ineficacia de nuestras instituciones y, en este caso, como en tantos otros, ningún cambio se percibe en ese sentido.

Erick López Serrano.Abogado.


[1] Publicado en el Diario Oficial el 06 de febrero de 2014.

[2] SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Tesis 2a.XLVIII/2009.

[3] INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009 (*)]. Tesis 2a. XLIV/2013.

[4] REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. Tesis 2a. IV/2014.

[5] Conclusión de la última tesis citada.

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